“Razones puramente políticas, no relacionadas con un delito” podría ser una
buena síntesis aclaratoria de lo que es y no es un preso político. Así, deberemos
considerar preso político a la persona que se le priva de su libertad sin haber
cometido, presuntamente, delito alguno y haya sido encarcelada por razones basadas
únicamente en su ideología política.
¿Son entonces
los políticos presos catalanes “presos políticos”?
Según la jurisprudencia de nuestro país, no. Había una ley perfectamente
conocida y ésta fue violada. Y este es un hecho innegable e irrefutable. Si no
respetar las leyes es un ejercicio que la clase política se pueda permitir el propio
Estado de derecho estaría en entredicho. Otra cosa diferente es que haya
personas a las cuales, quizás, las leyes no les han sido aplicadas con el rigor
necesario. Pero aun siendo esto así, no es causa que acredite en modo alguno que este rigor deje de estar presente en
el resto de las situaciones, es decir: no es en absoluto valor suficiente como
para dejar impunes a políticos que, de manera ejemplificadora, deben respetar
las Leyes.
La democracia
En democracia tenemos derecho a expresar nuestros pensamientos y la
obligación de respetar los ajenos y contrarios a los nuestros. Pero cuando los pensamientos
o ideales se convierten en acciones contrarias a la Ley, ésta no puede ni debe
permanecer pasiva. De otro modo sería totalmente innecesaria.
¿Quiero esto decir que las Leyes no se puedan modificar? No, de manera
alguna. La Ley es posible modificarla pero siempre desde dentro del marco
establecido. Parte importante de la clase política catalana ha despreciado
el marco legal amparada en la voz del pueblo, obviando que solo escuchaba a una
parte y que convertía un reclamo legítimo en acciones ilegales y de una enorme
trascendencia social de la cual se deberían, inexcusablemente, depurar
responsabilidades.
Y es aquí donde entra en juego el verdadero poder del pueblo en democracia,
soberano y se juega con él. Aunque nuestra Constitución se expresa claramente
en determinados aspectos, si una mayoría muy significativa de la población se
declarase en contra de una determinada Ley, sin lugar a dudas se activarían los
mecanismos oportunos y necesarios para modificarla, por muy constitucional que ésta
fuese. Pero cuando se dice “mayoría muy significativa” se dice exactamente eso:
un porcentaje neta y claramente superior a la opción contraria. Si siete
u ocho de cada diez ciudadanos catalanes deseasen la independencia de Cataluña,
difícilmente legislación alguna podría frenarlos. La situación en las instituciones
nada tendría que ver con la realidad de sus ciudadanos ni con la vida en sus
calles.
Y en Cataluña
Pero en Cataluña no hay una mayoría netamente superior
y sí se violó la Ley. Y
ser demócrata es poder expresarse libremente, sin duda; pero también es saber
reconocer y respetar el Estado de derecho. Si yo fuese independentista, -que
no lo soy por razones en las que ahora no me voy a extender-, la situación
vivida en los últimos tiempos en Cataluña no restaría un ápice mis aspiraciones
pero sí me desmarcaría por completo del movimiento secesionista llevado a cabo.
Mi ansiada República Catalana no podría estar cimentada con bases tan
contrarias a la Ley, al verdadero sentimiento democrático, al Estado de derecho
y a la razón misma.
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