Ley o voto en el embrollo de Cataluña.

Desde Cataluña el gobierno autonómico se ampara en el derecho a votar para luchar, contra viento y marea, incluso desobedeciendo al TC y a quien haga falta.

Desde España el gobierno central se ampara en el cumplimiento de la Ley de espaldas al pueblo para doblegar, contra viento y marea, a las instituciones catalanas.

El Estado democrático que nos ampara, dicho con palabras muy sencillas, se fundamenta en la soberanía del pueblo (voto) y en la leyes que emanan (ley) desde las instancias que representan a esta ciudadanía. Es imposible entender el sentido pleno de lo que significa democracia si prescindimos de cualquiera de los términos. El sometimiento de uno a otro es solo el resultado de un fracaso político monumental, que terminará dañando las estructuras más profundas y que tanto esfuerzo y sangre nos costó conquistar. Pero la memoria es débil y la autocomplacencia, febril.

Las leyes garantizan nuestras libertades, entre las que se encuentra de manera preponderante el derecho a votar. Este derecho inalienable se circunscribe en unos contratos que se establecen con el fin de garantizar la convivencia y libertad de los miembros que formamos parte de la comunidad. 

El voto al margen de la ley o la ley que menosprecie el voto dinamitan nuestra sociedad. 

Si la Ley se quebranta, salta por los aires el Estado de Derecho.

Si el derecho a votar se menosprecia, el Estado de Derecho pierde su verdadero aval y garantía.

Parece que la solución única a esta situación, poco menos que de pantomima democrática, pasa por llegar a un acuerdo que garantice la votación dentro del marco jurídico vigente.

La situación está hoy absolutamente enquistada. Cada parte se ampara y cobija en sus principios (ambos sesgados) y se empeña en tensar la situación hasta conseguir que la ciudadanía, hastiada y asqueada, se fragmente cada vez más y pague las consecuencias, como así será.

Mientras tanto, desde fuera nos miran atónitamente y España y sus españas, una vez más, muestran sus vergüenzas y delatan su frágil e inmadura democracia. 

La Unión Europea debería intervenir, sin duda, pero para poner en cuarentena este insulto demócrata que representamos, todos sin excepción, y condenarnos a lamernos nuestras vergüenzas hasta que seamos capaces de levantar la cabeza, y con las ideas más claras y aposentadas, disfrutar de lo que significa un verdadero Estado de Derecho en democracia.